ArtĆculo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los lĆmites del territorio nacional, corresponde originariamente a la NaciĆ³n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sĆ³lo podrĆ”n hacerse por causa de utilidad pĆŗblica y mediante indemnizaciĆ³n.
La naciĆ³n tendrĆ” en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interĆ©s pĆŗblico, asĆ como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaciĆ³n, con objeto de hacer una distribuciĆ³n equitativa de la riqueza pĆŗblica, cuidar de su conservaciĆ³n, lograr el desarrollo equilibrado del paĆs y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciĆ³n rural y urbana. En consecuencia, se dictarĆ”n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras pĆŗblicas y de planear y regular la fundaciĆ³n, conservaciĆ³n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaciĆ³n; para preservar y restaurar el equilibrio ecolĆ³gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los tĆ©rminos de la ley reglamentaria, la organizaciĆ³n y explotaciĆ³n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeƱa propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganaderĆa, de la silvicultura y de las demĆ”s actividades econĆ³micas en el medio rural, y para evitar la destrucciĆ³n de los elementos naturales y los daƱos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Corresponde a la NaciĆ³n el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zĆ³calos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depĆ³sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposiciĆ³n de las rocas, cuando su explotaciĆ³n necesite trabajos subterrĆ”neos; los yacimientos minerales u orgĆ”nicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sĆ³lidos; el petrĆ³leo y todos los carburos de hidrĆ³geno sĆ³lidos, lĆquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensiĆ³n y tĆ©rminos que fije el Derecho Internacional.
Son propiedad de la NaciĆ³n las aguas de los mares territoriales en la extensiĆ³n y tĆ©rminos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formaciĆ³n natural que estĆ©n ligados directamente a corrientes constantes; las de los rĆos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquĆ©llas en toda su extensiĆ³n o en parte de ellas, sirva de lĆmite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la lĆnea divisoria de la RepĆŗblica; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estĆ©n cruzadas por lĆneas divisorias de dos o mĆ”s entidades o entre la RepĆŗblica y un paĆs vecino, o cuando el lĆmite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la RepĆŗblica con un paĆs vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marĆtimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se
extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensiĆ³n que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueƱo del terreno, pero cuando lo exija el interĆ©s pĆŗblico o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrĆ” reglamentar su extracciĆ³n y utilizaciĆ³n y aĆŗn establecer zonas vedadas, al igual que para las demĆ”s aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeraciĆ³n anterior, se considerarĆ”n como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depĆ³sitos, pero si se localizaren en dos o mĆ”s predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerarĆ” de utilidad pĆŗblica, y quedarĆ” sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.
En los casos a que se refieren los dos pĆ”rrafos anteriores, el dominio de la NaciĆ³n es inalienable e imprescriptible y la explotaciĆ³n, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrĆ” realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusiĆ³n y telecomunicaciones, que serĆ”n otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotaciĆ³n de los minerales y substancias a que se refiere el pĆ”rrafo cuarto, regularĆ”n la ejecuciĆ³n y comprobaciĆ³n de los que se efectĆŗen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia darĆ” lugar a la cancelaciĆ³n de Ć©stas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harĆ”n por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. TratĆ”ndose de minerales radiactivos no se otorgarĆ”n concesiones. Corresponde exclusivamente a la NaciĆ³n la planeaciĆ³n y el control del sistema elĆ©ctrico nacional, asĆ como el servicio pĆŗblico de transmisiĆ³n y distribuciĆ³n de energĆa elĆ©ctrica; en estas actividades no se otorgarĆ”n concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los tĆ©rminos que establezcan las leyes, mismas que determinarĆ”n la forma en que los particulares podrĆ”n participar en las demĆ”s actividades de la industria elĆ©ctrica.
TratĆ”ndose del petrĆ³leo y de los hidrocarburos sĆ³lidos, lĆquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la NaciĆ³n es inalienable e imprescriptible y no se otorgarĆ”n concesiones. Con el propĆ³sito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la NaciĆ³n, Ć©sta llevarĆ” a cabo las actividades de exploraciĆ³n y extracciĆ³n del petrĆ³leo y demĆ”s hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a travĆ©s de contratos con Ć©stas o con particulares, en los tĆ©rminos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrĆ”n contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la NaciĆ³n y asĆ deberĆ” afirmarse en las asignaciones o contratos.
Corresponde tambiĆ©n a la NaciĆ³n el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generaciĆ³n de energĆa nuclear y la regulaciĆ³n de sus aplicaciones en otros propĆ³sitos. El uso de la
energĆa nuclear sĆ³lo podrĆ” tener fines pacĆficos.
La NaciĆ³n ejerce en una zona econĆ³mica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a Ć©ste, los derechos de soberanĆa y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona econĆ³mica exclusiva se extenderĆ” a doscientas millas nĆ”uticas, medidas a partir de la lĆnea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensiĆ³n produzca superposiciĆ³n con las zonas econĆ³micas exclusivas de otros Estados, la delimitaciĆ³n de las respectivas zonas se harĆ”Ā en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la NaciĆ³n, se regirĆ” por las siguientes prescripciones:
I. SĆ³lo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaciĆ³n y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotaciĆ³n de minas o aguas. El Estado podrĆ” conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la SecretarĆa de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protecciĆ³n de sus gobiernos por lo que se refiere a aquĆ©llos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la NaciĆ³n, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilĆ³metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningĆŗn motivo podrĆ”n los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
El Estado de acuerdo con los intereses pĆŗblicos internos y los principios de reciprocidad, podrĆ”, a juicio de la SecretarĆa de Relaciones, conceder autorizaciĆ³n a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.
II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los tĆ©rminos del artĆculo 130 y su ley reglamentaria tendrĆ”n capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
III. Las instituciones de beneficencia, pĆŗblica o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigaciĆ³n cientĆfica, la difusiĆ³n de la enseƱanza, la ayuda recĆproca de los asociados, o cualquier otro objeto lĆcito, no podrĆ”n adquirir mĆ”s bienes raĆces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a Ć©l, con sujeciĆ³n a lo que determine la ley reglamentaria;
IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrĆ”n ser propietarias de terrenos rĆŗsticos pero Ćŗnicamente en la extensiĆ³n que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.
En ningĆŗn caso las sociedades de esta clase podrĆ”n tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrĆcolas, ganaderas o forestales en mayor extensiĆ³n que la respectiva equivalente a veinticinco veces los lĆmites seƱalados en la fracciĆ³n XV de este artĆculo. La ley reglamentaria regularĆ” la estructura de capital y el nĆŗmero mĆnimo de socios de estas sociedades, a efecto de
que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relaciĆ³n con cada socio los lĆmites de la pequeƱa propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rĆŗsticos, serĆ” acumulable para efectos de cĆ³mputo. Asimismo, la ley seƱalarĆ” las condiciones para la participaciĆ³n extranjera en dichas sociedades.
La propia ley establecerĆ” los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracciĆ³n;
V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crĆ©dito, podrĆ”n tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rĆŗsticas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrĆ”n tener en propiedad o en administraciĆ³n mĆ”s bienes raĆces que los enteramente necesarios para su objeto directo.
VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la RepĆŗblica, tendrĆ”n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raĆces necesarios para los servicios pĆŗblicos.
Las leyes de la FederaciĆ³n y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, determinarĆ”n los casos en que sea de utilidad pĆŗblica la ocupaciĆ³n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa harĆ” la declaraciĆ³n correspondiente. El precio que se fijarĆ” como indemnizaciĆ³n a la cosa expropiada, se basarĆ” en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por Ć©l de un modo tĆ”cito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demĆ©rito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignaciĆ³n del valor fiscal, serĆ” lo Ćŗnico que deberĆ” quedar sujeto a juicio pericial y a resoluciĆ³n judicial. Esto mismo se observarĆ” cuando se trate de objetos cuyo valor no estĆ© fijado en las oficinas rentĆsticas.
El ejercicio de las acciones que corresponden a la NaciĆ³n, por virtud de las disposiciones del presente artĆculo, se harĆ” efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictarĆ” en el plazo mĆ”ximo de un mes, las autoridades administrativas procederĆ”n desde luego a la ocupaciĆ³n, administraciĆ³n, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningĆŗn caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada.
VII. Se reconoce la personalidad jurĆdica de los nĆŗcleos de poblaciĆ³n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
La ley protegerĆ” la integridad de las tierras de los grupos indĆgenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerĆ” la tierra para el asentamiento humano y regularĆ” el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso comĆŗn y la provisiĆ³n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que mĆ”s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regularĆ” el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerĆ” los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrĆ”n asociarse entre sĆ, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratĆ”ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del nĆŗcleo de poblaciĆ³n; igualmente fijarĆ” los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgarĆ” al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaciĆ³n de parcelas se respetarĆ” el derecho de preferencia que prevea la ley.
Dentro de un mismo nĆŗcleo de poblaciĆ³n, ningĆŗn ejidatario podrĆ” ser titular de mĆ”s tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberĆ” ajustarse a los lĆmites seƱalados en la fracciĆ³n XV.
La asamblea general es el Ć³rgano supremo del nĆŗcleo de poblaciĆ³n ejidal o comunal, con la organizaciĆ³n y funciones que la ley seƱale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democrĆ”ticamente en los tĆ©rminos de la ley, es el Ć³rgano de representaciĆ³n del nĆŗcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.
La restituciĆ³n de tierras, bosques y aguas a los nĆŗcleos de poblaciĆ³n se harĆ” en los tĆ©rminos de la ley reglamentaria;
VIII. Se declaran nulas:
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherĆas, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes polĆticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravenciĆ³n a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demĆ”s leyes y disposiciones relativas;
b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las SecretarĆas de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el dĆa primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de comĆŗn repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherĆas, congregaciones o comunidades, y nĆŗcleos de poblaciĆ³n.
c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el perĆodo de tiempo a que se refiere la fracciĆ³n anterior, por compaƱĆas, jueces u otras autoridades de los Estados o de la FederaciĆ³n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de comĆŗn repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a nĆŗcleos de poblaciĆ³n. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, Ćŗnicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseĆdas en nombre propio a tĆtulo de dominio por mĆ”s de diez aƱos cuando su superficie no exceda de cincuenta hectĆ”reas.
IX. La divisiĆ³n o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legĆtima entre los vecinos de algĆŗn nĆŗcleo de poblaciĆ³n y en la que haya habido error o vicio, podrĆ” ser nulificada cuando asĆ lo
soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estĆ©n en posesiĆ³n de una cuarta parte de los terrenos, materia de la divisiĆ³n, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estĆ©n en
posesiĆ³n de las tres cuartas partes de los terrenos.
X. (Se deroga)
XI. (Se deroga)
XII. (Se deroga)
XIII. (Se deroga)
XIV. (Se deroga)
XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
Se considera pequeƱa propiedad agrĆcola la que no exceda por individuo de cien hectĆ”reas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
Para los efectos de la equivalencia se computarƔ una hectƔrea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en
terrenos Ɣridos.
Se considerarĆ”, asimismo, como pequeƱa propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectĆ”reas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodĆ³n, si reciben
riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plĆ”tano, caƱa de azĆŗcar, cafĆ©, henequĆ©n, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o Ć”rboles frutales.
Se considerarƔ pequeƱa propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los tƩrminos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueƱos o poseedores de una pequeƱa propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirĆ” siendo considerada como pequeƱa propiedad, aĆŗn cuando, en virtud de la mejorĆa obtenida, se rebasen los mĆ”ximos seƱalados por esta fracciĆ³n, siempre que se reĆŗnan los requisitos que fije la ley.
Cuando dentro de una pequeƱa propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y Ć©stas se destinen a usos agrĆcolas, la superficie utilizada para este fin no podrĆ” exceder, segĆŗn el caso, los lĆmites a que se refieren los pĆ”rrafos segundo y tercero de esta fracciĆ³n que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;
XVI. (Se deroga)
XVII. El Congreso de la UniĆ³n y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirĆ”n leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenaciĆ³n de
las extensiones que llegaren a exceder los lĆmites seƱalados en las fracciones IV y XV de este artĆculo.
El excedente deberĆ” ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un aƱo contado a partir de la notificaciĆ³n correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberĆ” hacerse mediante pĆŗblica almoneda. En igualdad de condiciones, se respetarĆ” el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.
Las leyes locales organizarƔn el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que serƔ inalienable y no estarƔ sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;
XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el aƱo de 1876, que hayan traĆdo por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y
riquezas naturales de la NaciĆ³n, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la UniĆ³n para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interĆ©s pĆŗblico.
XIX. Con base en esta ConstituciĆ³n, el Estado dispondrĆ” las medidas para la expedita y honesta imparticiĆ³n de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurĆdica en la tenencia de
le (sic DOF 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeƱa propiedad, y apoyarĆ” la asesorĆa legal de los campesinos.
Son de jurisdicciĆ³n federal todas las cuestiones que por lĆmites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de Ć©stos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o mĆ”s nĆŗcleos de poblaciĆ³n; asĆ como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administraciĆ³n de justicia agraria, la ley instituirĆ” tribunales dotados de autonomĆa y plena jurisdicciĆ³n, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la CĆ”mara de Senadores o, en los recesos de Ć©sta, por la ComisiĆ³n Permanente.
La ley establecerĆ” un Ć³rgano para la procuraciĆ³n de justicia agraria, y
XX. El Estado promoverĆ” las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propĆ³sito de generar empleo y garantizar a la poblaciĆ³n campesina el bienestar y su participaciĆ³n e incorporaciĆ³n en el desarrollo nacional, y fomentarĆ” la actividad agropecuaria y forestal para el Ć³ptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, crĆ©ditos, servicios de capacitaciĆ³n y asistencia tĆ©cnica. Asimismo expedirĆ” la legislaciĆ³n reglamentaria para planear y organizar la producciĆ³n agropecuaria, su industrializaciĆ³n y comercializaciĆ³n, considerĆ”ndolas de interĆ©s pĆŗblico.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el pƔrrafo anterior, tambiƩn tendrƔ entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos bƔsicos que la
ley establezca.